Por Redaccion 
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, presidido por José Blas Fernández, mostró la adhesión emitida por el Consejo General de los Graduados Sociales en España, enfatizando «la necesidad urgente de garantizar la estabilidad de la regulación y sin suficiente pronóstico.
En una nota, el consejo informó que la derogación del decreto del «autobús» fue un «daño grave» para las oficinas profesionales de graduación social en Andalucía, porque «obliga a una gestión más compleja y la adaptación inmediata de los procedimientos esenciales, como salarios y seguros.
Estas situaciones generan, en su opinión, «una sobrecarga de trabajo, que evitan el derecho de descanso digital y desconexión, pilares fundamentales para el bien profesional y personal del colectivo», dijo la institución.
«El caos normativo en el que se participa afecta directamente nuestro trabajo diario y pone en peligro la gestión correcta de las contribuciones necesarias para la sostenibilidad del sistema de seguridad social», criticó.
Desde el Consejo de Andalus, reiteraron la disponibilidad para colaborar con la administración en la creación de «reguladores más eficientes y predecibles, que permiten que su función se realice en condiciones óptimas, beneficiando así a las empresas, trabajadores y toda la sociedad».
Por lo tanto, el consejo solicitó a las administraciones «que establecieran canales de comunicación eficientes y tablas de trabajo comunes que contribuyen al desbloqueo de los esfuerzos de seguridad social y a promover el uso de herramientas digitales más ágiles y modernas».
«A pesar de las dificultades actuales, los graduados sociales en Andalucía continuarán ofreciendo un servicio de calidad, reafirmando, y el compromiso con la justicia social y el apoyo del estado del bien», enfatizó la institución.
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