El Ministro de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, presentó, junto a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen María Castro Coto, el acuerdo firmado por el Ministerio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales que promueve la mediación laboral en conflictos que ya han sido procesados. Se trata de un acuerdo pionero en España que busca ofrecer una segunda oportunidad a través del diálogo y el acuerdo en casos de despidos, reclamaciones de cantidades y otros conflictos laborales, aliviando la carga de trabajo de los tribunales sociales, donde los casos pueden prolongarse durante años.
Nieto solicitó la «colaboración y confianza» de los jueces sociales para que esta forma alternativa de resolver conflictos sea un éxito. Además, instó a empresas y trabajadores de Córdoba a aprovechar la experiencia de los graduados sociales en derecho laboral para probar la mediación, que calificó como el «proyecto estrella de 2025».
El consejero recordó que la jurisdicción social «es una de las más saturadas con perspectivas fijas para 2027 e incluso 2028″, resaltando la importancia de este proyecto que surgió gracias a la constancia e implicación de los graduados sociales. Según la ley, los conflictos laborales deben pasar por los Centros de Arbitraje y Conciliación (CMAC) antes de llegar a los tribunales, con el objetivo de buscar un acuerdo y evitar el juicio.
La mediación es una alternativa más eficiente, rápida y satisfactoria que el litigio, basada en el diálogo y el acuerdo entre las partes, lo que ahorra costes económicos y reduce los plazos, contribuyendo así a aliviar la sobrecarga judicial. Por ello, el ministro de Justicia considera que es importante explorar esta vía en el ámbito laboral de la mano de profesionales especializados, como los graduados sociales.
Para llevar a cabo esta iniciativa, el Ministerio firmó un acuerdo pionero con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para implementar una experiencia piloto a través de los Puntos de Información de Mediación de Andalucía (PIMA) lanzados en 2021, donde se identifican problemas que pueden ser mediados y se cuenta con un grupo de graduados sociales voluntarios actuando como mediadores.
El Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, en colaboración con otros colegios provinciales y bajo la coordinación de la Junta de Andalucía, establecerá una Comisión de mediación encargada de designar a los profesionales que formarán parte del equipo de esta provincia y supervisar las acciones realizadas.
Los técnicos de PIMA, con sede en la Ciudad de la Justicia, llevarán a cabo la primera sesión informativa con las partes involucradas y, si están de acuerdo en intentar llegar a un acuerdo, las derivarán a mediadores del fondo social conformado por antiguos alumnos del Colegio.
José Antonio Nieto resaltó que esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Mediación que el Ministerio está desarrollando para impulsar esta fórmula en España, con el objetivo de reducir la litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales andaluces. Destacó las medidas implementadas por el Consejo durante el año pasado, como la inclusión de la mediación en el sistema de justicia gratuito y el lanzamiento del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA).
Por último, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba agradeció al Consejo por la confianza otorgada en este convenio pionero en España, destacando la importancia de dar una oportunidad a la mediación en la sociedad. Asimismo, solicitó la colaboración de otros operadores jurídicos para lograr este impulso en la resolución de conflictos laborales a través de la mediación.
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