Por Ismael Buendia 
El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado en sesión plenaria una moción para exigir al Gobierno central la actualización de las cifras oficiales del padrón municipal, con el objetivo de reflejar la población real del municipio. Según el concejal Enrique Rodríguez, a fecha de 1 de enero, el padrón de habitantes mostraba 173.420 personas empadronadas, casi 7.000 más que el año anterior. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo reconoce oficialmente 159.786 habitantes, lo que supone una diferencia de más de 13.500 personas. Esta discrepancia tiene importantes repercusiones económicas, ya que implica una pérdida anual de más de 4 millones de euros en financiación estatal para servicios públicos esenciales.
Además, durante la misma sesión, se abordaron problemas de movilidad en la A-7, donde la falta de un protocolo específico para la retirada rápida de vehículos pesados averiados ha generado atascos y riesgos para la seguridad vial. Rodríguez ha solicitado la aprobación inmediata de dicho protocolo, inversiones para mejorar la fluidez de la autovía, un plan de conservación acorde al tráfico actual y la finalización de pasarelas peatonales inaccesibles que obstaculizan la movilidad.
En otro orden de asuntos, la Corporación municipal ha aprobado la inadmisión a trámite de una solicitud de revisión por nulidad del acuerdo plenario de julio de 2018, presentada por la Tesorería General de la Seguridad Social. El portavoz municipal, Félix Romero, ha defendido esta decisión argumentando que la reclamación carece de fundamento jurídico y que el acuerdo en cuestión permitió devolver fondos recuperados a los vecinos de Marbella después de un caso de corrupción. Asimismo, se ha acordado dedicar una calle al periodista Juan Carlos Reina Lozano, destacando su contribución a la ciudad.
La sesión concluyó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, y con la aprobación de otras iniciativas relacionadas con actuaciones en el barrio sampedreño de El Salto del Agua y la reforma de la normativa estatal sobre el empadronamiento.
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