Por Ismael Buendia 
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha la campaña de inspección en el ámbito de la compraventa y el arrendamiento de viviendas para el año 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo controlar las actuaciones y contrataciones de empresas, gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, tanto en la venta como en el arrendamiento de viviendas, ya sean proyectos en construcción o ya terminados.
Esta campaña, considerada una de las más complejas del Plan de Inspección de Consumo, el año pasado detectó irregularidades en más del 61% de las inspecciones realizadas. Se llevarán a cabo un mínimo de 135 actuaciones inspectoras hasta finales de diciembre, abarcando viviendas en diferentes fases de desarrollo y alquileres.
El objetivo principal de estas acciones es verificar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas involucradas en la compraventa y arrendamiento de viviendas, asegurando la adecuada información a los consumidores. Se prestará especial atención al cumplimiento de los deberes de información, la existencia de modelos contractuales y la verificación de contratos firmados.
Además, se revisarán aspectos como la correspondencia entre la oferta y la realidad del inmueble, la existencia de avales en viviendas en proyecto o construcción, y la obligatoriedad de presentar el certificado de eficiencia energética en la oferta de venta o alquiler. En el caso de los arrendamientos, se verificará el cumplimiento de los requisitos legales por parte de las empresas de intermediación.
El pasado año, esta campaña realizó un total de 121 inspecciones en 111 establecimientos, con un resultado positivo del 61,6%. Entre los incumplimientos más comunes detectados se encuentran la falta de libro de quejas y reclamaciones, la ausencia de información sobre el estado de la vivienda en la publicidad, y la falta de detalles sobre el precio y otros gastos para el consumidor.
En resumen, esta campaña de inspección busca garantizar la transparencia y legalidad en el sector de la compraventa y arrendamiento de viviendas, protegiendo los derechos de los consumidores y asegurando que se cumplan las normativas establecidas.
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