Por Ismael Buendia 
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha aprobado las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los 12 partidos judiciales andaluces, en los que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia entrará en vigor el 31 de diciembre. Esta medida incluye la creación de 12 nuevas plazas y 228 jefaturas, así como la reorganización de los efectivos para dotar a las secciones específicas de Violencia sobre la Mujer de 24 funcionarios más, ante las nuevas competencias sobre delitos sexuales.
Toda esta reestructuración implicará una inversión anual en materia de personal de 1.412.262,30 euros, asumida únicamente por la Junta. Esta reforma busca adaptar las estructuras de plantilla al modelo organizativo de los tribunales de instancia, donde los funcionarios ya no trabajarán para un juzgado unipersonal, sino para secciones específicas y servicios comunes de un órgano colegiado con varios magistrados.
En el caso de las secciones de Violencia sobre la Mujer, se prevé que asuman todos los delitos de carácter sexual, lo que llevará a la conversión de 24 puestos genéricos del Cuerpo de Tramitación en puestos de tramitadores especializados en violencia de género, con un complemento específico.
Además, se crearán nuevas plazas y se transformarán otras ya existentes en diversos partidos judiciales de Andalucía, con el objetivo de adecuar las plantillas a las nuevas cargas de trabajo derivadas de la aplicación de la Ley. Se solicitará la creación de más de 20 plazas de magistrados de Violencia sobre la Mujer, debido al incremento de carga laboral previsto.
En resumen, esta reforma judicial conlleva la creación de nuevas plazas, la reorganización de plantillas, la implementación de complementos específicos y la asunción de un coste total por parte de la Junta de casi seis millones de euros anuales en materia de personal. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, estima que el coste total de la reforma estatal para Andalucía rondará entre los 54 y 56 millones de euros, denunciando la falta de apoyo técnico y económico por parte del Ministerio de Justicia en este proceso de implementación.
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