Por Ismael Buendia 
La Junta de Andalucía ha impulsado un total de 8.256 viviendas protegidas durante el primer año de vigencia del Decreto-ley 1/2025, el cual fue creado para hacer frente al desafío de la vivienda asequible en la región. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado la gran aceptación que han tenido estas medidas, con la adhesión de 180 municipios que han apostado por el modelo andaluz de facilitar más suelos para vivienda protegida, ampliar la oferta y satisfacer la demanda de miles de andaluces en busca de una vivienda a precio accesible.
En este sentido, se ha avanzado significativamente hacia el objetivo de construir 20.000 viviendas protegidas en cinco años, tal como se propuso el Gobierno andaluz al aprobar el Decreto-ley. Ejemplo de ello son los suelos del Cuartel de Mondragones en Granada, donde se ha logrado ampliar la promoción de viviendas protegidas de 295 a 328, tras años de abandono.
Además, se ha resaltado la importancia de situar a los ayuntamientos en el centro de la solución, otorgándoles mayor capacidad y flexibilidad. La respuesta de los ayuntamientos ha sido positiva, con la adhesión de 180 municipios que representan al 70,6% de la población andaluza. En el ámbito de la planificación, se ha creado una bolsa de suelo en crecimiento constante, con capacidad para más de 43.000 viviendas protegidas en las principales ciudades andaluzas.
Otra medida relevante del Decreto-ley es la agilización y simplificación de los trámites para la construcción de vivienda protegida. Se ha abierto la posibilidad de incorporar proyectos residenciales a la Unidad Aceleradora de Proyectos, con requisitos específicos para garantizar la construcción en un plazo determinado. Ya se están estudiando iniciativas que suman más de 20.000 viviendas, de las cuales 9.000 serán de carácter protegido.
En conclusión, la consejera ha destacado la efectividad de estas medidas, resaltando que funcionan y convencen. Se ha enfatizado en un modelo andaluz que se basa en más suelo, mayor agilidad, menos obstáculos y una mayor colaboración para asegurar viviendas protegidas a precios asequibles.
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