Por Ismael Buendia El delegado municipal de Turismo, Ángel Martínez, ha realizado un análisis detallado de la situación actual de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Ronda, luego de la aprobación de la nueva ordenanza reguladora el pasado mes de febrero.
Desde la implementación de esta normativa, se han registrado un total de 72 altas nuevas. Martínez también destacó la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para remitir aquellas solicitudes que no cumplieran con los requisitos técnicos establecidos en la ordenanza de edificación.
De las 72 nuevas altas, se identificó que 19 no cumplen con la normativa vigente, por lo que se ha procedido a informar a la Junta de Andalucía al respecto. Asimismo, se detectaron 12 apartamentos turísticos que no contaban con la licencia de actividad correspondiente, situación que también ha sido comunicada a las autoridades competentes.
La nueva ordenanza establece que las viviendas de uso turístico plurifamiliares en edificios no pueden exceder el 20% de la edificación total del bloque, debiendo contar con una plaza de aparcamiento vinculada al inmueble. Además, los bajos reconvertidos en alojamientos turísticos deben tener acceso desde el portal de la comunidad de vecinos y una superficie mínima de 45 metros cuadrados.
En la actualidad, Ronda cuenta con un total de 836 viviendas de uso turístico. El objetivo principal de la nueva normativa es regular la proliferación de este tipo de alojamientos y garantizar su compatibilidad con el uso residencial, evitando así la disminución de este último. Martínez se mostró satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento, destacando que la ordenanza y el convenio con la Junta de Andalucía han permitido retirar de la oferta aquellos apartamentos turísticos que no cumplen con los estándares de edificación técnica.
El concejal enfatizó la importancia de equilibrar la oferta de viviendas turísticas con las necesidades de los residentes y visitantes de la ciudad. El aumento del uso de este tipo de alojamientos se refleja en un incremento del 20% en las pernoctaciones durante el último año. La ordenanza busca poner límites al crecimiento desmedido de la oferta de alojamiento turístico, especialmente en ciertas zonas de la ciudad.
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