Por Ismael Buendia 
El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha criticado al presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, por lo que considera un abandono de sus funciones en materia de vivienda en toda Andalucía. Alba afirma que, de llegar la coalición de izquierdas al parlamento andaluz, los fondos buitre cambiarán su actitud.
En un encuentro con la presidenta de Facua Málaga, Lola García, Alba destacó la grave situación que enfrentan miles de familias en Málaga debido al aumento de los alquileres y los precios de la vivienda. Según él, Moreno está favoreciendo a especuladores y fondos de inversión, ignorando la emergencia habitacional que afecta a la provincia y poniendo en riesgo a miles de familias al no ratificar el decreto de prórroga del alquiler.
El candidato de Por Andalucía señaló la falta de aplicación de la Ley de Vivienda y la inacción de la Junta Directiva frente a los fondos de cobertura, lo que, según Facua, ha generado un aumento histórico de consultas y quejas sobre alquileres y deterioro de la salud pública. Alba advirtió sobre el riesgo de que 23.000 familias malagueñas se vean afectadas por subidas de hasta el 70% en los precios si no se ratifica el decreto de ampliación del alquiler.
En este contexto, Alba propone la aplicación de la Ley de Vivienda para identificar zonas tensionadas, regular los alquileres e intervenir en el mercado. Además, plantea gravar con impuestos a especuladores y fondos de inversión para evitar que se aprovechen a expensas de los ciudadanos. En caso de llegar a la Junta de Andalucía, asegura que la Ley de Vivienda será una prioridad para garantizar un acceso digno a la vivienda.
Por su parte, Lola García, presidenta de Facua Málaga, ha destacado un aumento significativo de consultas y quejas en el sector del alquiler de viviendas, así como en los servicios públicos de salud debido a la saturación y las listas de espera. También mencionó la preocupación por la inflación de los precios de los alimentos, que impacta en la salud de las familias y las lleva a solicitar préstamos abusivos. García lamenta el debilitamiento de los instrumentos públicos de defensa del consumidor en la provincia de Málaga.
FUENTE