Por Ismael Buendia 
El Ayuntamiento de Mijas ha dado un paso importante en la mejora del servicio a los ciudadanos con la aprobación del Tribunal Económico-Administrativo Municipal. Este órgano, obligatorio para municipios de gran población según la Ley de Municipios, entrará en vigor el 1 de junio de 2026, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El Tribunal Económico-Administrativo Municipal es una instancia especializada encargada de resolver reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local. Su objetivo es garantizar la celeridad y la independencia necesarias para abordar estas cuestiones de manera eficiente. Hasta ahora, la falta de este órgano ha llevado al Ayuntamiento de Mijas a situaciones de derrota y condena en procedimientos contencioso-administrativos.
Este tribunal será fundamental para abaratar y agilizar la defensa de los derechos de los ciudadanos en asuntos tributarios, así como para reducir la conflictividad en vía contencioso-administrativa. Además, contribuirá a aliviar la carga de trabajo de los órganos de esta jurisdicción.
El Tribunal Económico-Administrativo Municipal tendrá competencia exclusiva para resolver reclamaciones relacionadas con la aplicación de tributos, imposición de sanciones tributarias y actos recaudatorios de ingresos de derecho público no tributarios. Actuará con independencia técnica y funcional respecto de los órganos municipales responsables de estos asuntos.
La estructura del Tribunal estará formada por un número impar de miembros, entre tres y cinco, con voz y voto. La designación de la presidencia y las vocalías será responsabilidad del Pleno del Ayuntamiento de Mijas, a propuesta de la Junta de Gobierno Local. El mandato de los miembros será de cinco años, prorrogables por periodos iguales.
En resumen, la creación del Tribunal Económico-Administrativo Municipal en Mijas representa un avance significativo en la mejora del servicio público y en la eficacia de la administración local en asuntos tributarios, con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos y reducir la conflictividad en este ámbito.
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